Las empresas de apartamentos turísticos de la Comunidad Valenciana definitivamente están en pie de guerra contra la Generalitat. El sector ha explotado después de que se haya aprobado una vuelta de tuerca más en la normativa autonómica que regula la actividad. Las Cortes Valencianas, con los votos de PSPV, Compromís y Podemos, dieron ayer luz verde en la comisión de Economía a varias modificaciones de la Ley de Turismo y de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup). Estos cambios, introducidos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, endurecen los requisitos que tendrán que cumplir las empresas ante los ayuntamientos para dar de alta sus pisos vacacionales y poder ponerlos en alquiler. Algo que a juicio de las compañías supone un torpedo en la línea de flotación del sector, que ya ha denunciado en varias ocasiones el exceso de trabas burocráticas y administrativas que están poniendo a la industria tanto la Generalitat como los ayuntamientos.
Se mantiene la exigencia de conseguir un informe de compatibilidad urbanística, que expiden los municipios, para que los inmuebles puedan tener un uso turístico (los apartamentos tienen que ser compatibles con los usos previstos en los planes generales). Además, en el caso de que no exista normativa municipal, la enmienda introducida en la ley explica que se entenderá que las viviendas de uso turístico son compatibles con el uso turístico terciario y con el uso turístico residencial; todo ello, se añade, «hasta el momento en que un instrumento de planeamiento urbanístico municipal ordene las zonas urbanísticas, determinando su compatibilidad o incompatibilidad con el uso dominante».
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